El incremento de la vigilancia por parte de la Policía Local ante la llegada del buen tiempo ha provocado que descienda la venta ilegal de productos frescos en la calle y, por contra, aumente la incautación de no perecederos
La venta ambulante sin autorización puede conllevar aparejado un grave riesgo para la salud pública por la falta de controles sanitarios en aquellos productos relacionados con la alimentación, además de la competencia desleal que supone para los establecimientos y puestos legalmente autorizados.
La Policía Local ha intensificado los controles contra esta práctica, más en los meses de verano en los que se incrementa el peligro de sufrir una intoxicación alimentaria por consumir productos perecederos sin los controles necesarios.
La presencia de la policías locales en aquellas zonas donde más concentración de venta ambulante ilegal de productos perecederos se suele producir ha provocado que en lo que llevamos de año se hayan incautado 430 kilogramos de esta mercancía (frutas, carnes y pescados, fundamentalmente), casi un 14 por ciento menos que el año anterior.
Quienes venden de manera ilegal se enfrentan a sanciones que van desde los 300 euros y pueden alcanzar los 18.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.
En estos meses del año 52 personas han sido denunciadas por venta ilegal ambulante.
En cuanto a los productos no perecederos (ropa, calzados y complementos), de enero a junio de 2019 se han requisado 389 artículos, especialmente deportivas y chanclas, bolsos y gafas, lo que supone un 22,8 por ciento más que en 2018.
El buen tiempo hace que se incremente la presencia de manteros en lugares de especial afluencia de personas, lo que ha provocado también más intervenciones de los agentes que en estas fechas se tienen que multiplicar en espacios como el paseo marítimo.
El pasado mes de mayo el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, anunció la propuesta de modificación de la Ordenanza de Comercio Ambulante, que incluirá la prohibición de actividades y prestación de servicios en el espacio público que, debiendo contar con autorización municipal, carecieran de ella.
Además, se prohibirá el ofrecimiento de servicios y productos, de manera persistente o intimidatoria, siempre que no hayan sido demandados por el usuario.
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