Momento de la vista oral contra Ana Julia Quezada
La acusación particular ejercida por Patricia Ramírez y Ángel Cruz cree que "sobran razones" para repetir el juicio por el asesinato de su hijo de ocho años Gabriel Cruz ya que la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero, "entró a dar opinión" cuando instruyó al jurado popular sobre la agravante de ensañamiento, y la prueba pericial que avalaba su existencia.
Francisco Torres, abogado de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, que ejerció como acusación particular de los padres del niño Gabriel Cruz en la vista con jurado popular contra Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño, ha solicitado la nulidad del juicio y que la vista oral sea repetida.
Según señala el recurso de apelación contra la sentencia presentada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «la motivación que da el jurado no está argumentada y no lo está porque, nunca deliberadamente, fue directamente inducida por las instrucciones» de la magistrada Alejandra Dodero, que presidió la vista.
Ante lo que Torres considera falta de argumentos por la supuesta inducción de las instrucciones dadas por la magistrada Alejandra Dodero, considera que se ha vulnerado el artículo 486 bis de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y la tutela judicial efectiva, solicitando por ello la nulidad y repetición del juicio.
El recurso también incide en que el fallo contiene «un clamoroso error» al negar los informes médicos presentados por los peritos médicos de Torres, quienes incidían en el supuesto ensañamiento de la condenada con el niño, algo que no fue tenido en cuenta en el veredicto del jurado.
Asimismo, el abogado solicita al TSJA la impugnación del recurso de apelación presentado por el letrado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, quien reclamaba por su parte la nulidad y repetición de la vista oral, aunque en este caso sin jurado popular y a cargo de un tribunal profesional.
Esteban Hernández Thiel hace referencia a «defectos en la construcción del objeto del veredicto que junto a la desmedida presión mediática, vulneran el derecho a un juicio justo» de la condenada.
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