El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa instruida por un delito de daños contra una treintena de activistas de Greenpeace que participaron en una protesta ante el hotel de El Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.
Los hechos por los que habían sido imputados los activistas de la organización ecologista tuvieron lugar el 11 de mayo de 2014, cuando los mismos «procedieron a pintar con pintura negra las paredes de la referida construcción en un supuesto acto de protesta por la ilegalidad de dicha obra». «Una vez personados los agentes en el lugar, los denunciados no se negaron a identificarse, si bien manifestaron al parecer su insistencia en proseguir con su acción de pintar las paredes en acto de protesta», añade el auto.
El dictamen recuerda que «tras la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2016, el hotel está condenado a su demolición, por ser el único modo de restablecer la legalidad urbanística por ser el edificio ilegal y ilegalizable».
La juez afirma que el objetivo de Greenpeace «no era dañar la propiedad ajena, sino una forma de protestar por lo que ellos consideran, al igual que un sector amplio de la población, un grave atentado contra el medio ambiente y a los recursos naturales».
Apunta que «siendo un acto donde prima el exponente simbólico frente al material, este hecho unido a que el mencionado hotel esta condenado a su demolición, con lo cual la cuantificación de los desperfectos causados al pintar la fachada de negro, quedarían anulados».
Por otro lado, Greenpeace ha remitido un comunicado en el que su abogado, José Manuel Marraco, afirma que el juzgado «ha entendido que las actuaciones que ha realizado Greenpeace en El Algarrobico han sido todas manifestaciones de protesta ante un atropello medioambiental».
«Desde 2005 se ha perseguido a los activistas de la organización y casi medio millar ha pasado por los juzgados por denunciar el daño a una playa situada en un paraje natural. Durante estos 16 años, se han llegado a reclamar casi medio millón de euros por daños y perjuicios a un edificio ilegal, frente al daño que se hizo a una playa y un Parque Natural de utilidad pública. La justicia ha avalado la protesta pacífica», ha declarado Marraco.
