En declaraciones al programa Más vale tarde de la Sexta TV y tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la ley andaluza antidesahucios, la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha advertido de que ello supondrá la ejecución masiva de desahucios y una desprotección generalizada de derechos, y ha pedido al Constitucional que no agote el plazo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar.
Cortés asegura que el recurso presentado por el Gobierno de la nación y admitido a trámite por el TC, “provocará desahucios y especulación porque ése es precisamente su objetivo”. “Este recurso encarecerá el acceso a la vivienda, puesto que la ley pretendía abaratarlo mediante la salida en alquiler asequible de las viviendas vacías, y devolverá a la rutina las imágenes de violencia contra las familias que no pueden pagar su hipoteca a causa de la estafa financiera”, ha afirmado Cortés en un comunicado.
Ha explicado que la paralización afecta, fundamentalmente, a dos aspectos de la Ley: la expropiación de viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, y las las sanciones a entidades financieras por mantener viviendas vacías y no sacarlas en alquiler asequible, mientras que el resto de la normativa sigue en vigor.
La consejera andaluza ha lamentado la “infinita cobardía” del Gobierno, que ha presentado el recurso “sin dar la cara, avergonzado de sí mismo, consciente de que todo el mundo sabe que está actuando únicamente guiado por la defensa de los intereses de la elite financiera y los especuladores”.
La ley andaluza, en vigor desde el pasado octubre, ha permitido expropiar 39 viviendas en Andalucía, tres en Almería, y hay otros doscientos expedientes en estudio.
Ha recordado que cuando el Gobierno recurrió en julio el decreto ley que antecedió a esta Ley había más de una decena de expedientes de expropiación iniciados y, durante los tres meses en que la norma estuvo suspendida hasta que la aprobó el Parlamento, ningún juez desahució a estas familias.
“La paralización de la Ley, así como sus consecuencias, son ahora responsabilidad del presidente del Gobierno, de sus ministros y del grupo que los sostiene en el Congreso”, ha advertido Cortés.
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